En México hay muy pocas empresas que piden el Certificado de Antecedentes No Penales, era un requisito más común en años pasados, pero desde que se trabaja a favor de los derechos humanos de las personas, se ha estado pidiendo que las empresas no exijan este documento a los aspirantes a un trabajo, pues solicitar dicha carta es un acto discriminatorio e impide la inserción social a las personas que ya pagaron una condena y tienen la necesidad de encontrar un trabajo digno. Por otra parte, hay ocasiones en que sí se pide esta carta.
Este Certificado de Antecedentes No Penales se pide en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en su filial en Tamaulipas, principalmente a maestros eventuales. Esta carta también se le solicita a quienes deseen ingresar a la Policía Estatal Acreditable, pues los datos de las personas entran a «Plataforma México», donde hay un registro de un mínimo 20 años atrás.
¿Cómo tramitar este certificado?
El certificado es una búsqueda en el Archivo Nacional de Sentenciados para saber si una persona tiene en su historia personal algún antecedente penal Federal, es un certificado que puede solicitar cualquier ciudadano mexicano, los extranjeros lo pueden hacer acudiendo a su respectivo consulado.
Para tramitarlo debes presentarte en persona a la siguiente dirección: Calzada de Tlalpan 2962, en la colonia Espartaco, delegación Coyoacán, C.P. 04870, de lunes a viernes y en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
Requisitos: Sólo necesitas llevar tres cosas, una identificación oficial vigente, tu acta de nacimiento y un comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a tres meses.
Movimientos contra este documento
En distintas ocasiones diputados, instituciones y movimientos se han pronunciado en contra de la solicitud de antecedentes no penales, por decir un ejemplo, en diciembre del 2013 la diputada Luisa Alcalde Luján presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para establecer la prohibición expresa para que los patrones o sus representantes soliciten información relacionada con los antecedentes penales, excepto en los casos que la ley marca. Alcalde dijo que pedir este documento es discriminatorio y violatorio de los derechos humanos.
Más recientemente, el 28 de agosto del 2016, el diario La Jornada publicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció a favor de que se cancele por oficio los antecedentes penales de todas las personas que hayan cumplido con una pena o su sanción en prisión, y exigió nuevos cambios en la recién aprobada Ley Nacional de Ejecución Penal.
La CNDH dijo que el Estado debe garantizar el derecho a la reinserción y esto no sólo se trata de cumplir una sentencia, sino que adquiere un nuevo sentido después de. El organismo detalló que los antecedentes penales deberían usarse con fines estadísticos, para prevención e investigación de delitos y sin que se asocien los datos personales o familiares con un individuo. Al quedar en libertad una persona se enfrenta a la discriminación y exclusión, es objeto se señalamientos y esto afecta no sólo a su persona, sino a su familia. Después de estar en prisión una persona debe ejercer plenamente sus derechos, su libertad y realización personal, así como la de su familia, con un enfoque de prevención social.
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